APROBARON UNA ORDENANZA
Los concejales de la Villa de Merlo tendrán la obligación de someterse al narcotest
En caso de detectarse el uso de drogas ilegales serán apartados temporalmente de la función.
El Concejo Deliberante de la Villa Merlo aprobaron por unanimidad una ordenanza que establece “la obligatoriedad de exámenes toxicológicos” para todos los integrantes del cuerpo.
La iniciativa fue presentada por el interbloque UCR-Avanzar informó el presidente, Leo Rodríguez al considerar que quienes ejercen funciones públicas deben sostener “una conducta irreprochable y coherente con los valores que promueven las instituciones democráticas”.
“Hemos pedido el tratamiento de ese proyecto porque no resiste mucho análisis del tema. En otros Concejos Deliberantes ya se ha implementado el narcotest como por ejemplo en Córdoba y acá en nuestra provincia se le realizará a los funcionarios provinciales”, expuso la concejal María José Álvarez tras la sesión.
La legisladora explicó que “los test no serán públicos porque no se trata de estigmatizar, ni discriminar, todo lo contrario es para que se pueda acompañar con un abordaje integral, para que puedan recibir asistencia y licencia, lo que sea indicado por un médico”.
Con esta normativa se busca que en el ámbito legislativo municipal se establezcan mecanismos para asegurar que sus integrantes no se encuentren bajo la influencia de sustancias que puedan comprometer su desempeño, imparcialidad y ética en la toma de decisiones.
En efecto, los exámenes se deberán realizar al inicio de cada período legislativo y de manera periódica y forma aleatoria. Serán realizados por una institución pública independiente y de reconocido prestigio, garantizando la imparcialidad y confidencialidad en los resultados.
En caso de que algún legislador obtenga un resultado positivo se procederá a un segundo análisis confirmatorio. De confirmarse el diagnóstico, será apartado temporalmente de sus funciones hasta que se garantice su recuperación, de acuerdo a la normativa y los protocolos establecidos.
En tanto, la aplicación de los controles será de carácter preventivo y no discriminatorio. Se buscará apoyo y la reintegración plena de las concejalías en sus funciones. También, se le facilitará el acceso a tratamientos y licencias correspondientes.
La presidencia del cuerpo coordinará con las autoridades sanitarias la organización y realización de los estudios médicos. Quienes están en funciones tendrán una vez promulgada la norma un plazo de 30 días para someterse al control.